Comentario de artículo
Al comienzo de la pandemia, se estudiaron diversos tratamientos de la enfermedad sobre todo en adultos, ya que hasta el momento se creía que las gestantes, los recién nacidos y la población pediátrica, sólo presentaban casos leves. En el primer semestre del 2020, frente al desconocimiento del comportamiento del virus en el desarrollo fetal, gestación y recién nacido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las sociedades pediátricas de la mayoría de los países, determinaron prohibir el ingreso de acompañantes en los partos de mujeres sanas, normatizar el alojamiento separado de las mujeres positivas de sus recién nacidos y la limitación de la lactancia directa.
A medida que se publicaron nuevos estudios, pudieron revisarse estas recomendaciones y se consideraron perjudiciales e innecesarias.1 A pesar de nuevas recomendaciones de no separar al binomio, de acompañamiento en sala de partos y de acceso de los padres sanos a las Unidades Neonatales, persisten estas limitaciones no sólo innecesarias, sino también adversas en muchos servicios.
El virus tuvo aparentes descensos, para volver a expresarse con nuevas cepas, y en uno de estos nuevos brotes, con más conocimientos de parte de la comunidad científica, se incrementaron mundialmente las complicaciones graves en embarazadas, la necesidad de ingreso a cuidados intensivos, y mayor mortalidad materna y neonatal por COVID 19, en etapa prevacunación. En un estudio multicéntrico de reciente publicación, sobre COVID19 en población pediátrica en Argentina, Gentile y col., reafirman el concepto antes mencionado. El sistema sanitario subestimó en la primera etapa de la pandemia, la posibilidad de enfermar y morir en este grupo etario.2
El presente estudio de Villar y col., constituye un valioso respaldo a la demanda de políticas sanitarias que promuevan los controles y medidas preventivas en la población de gestantes.
También demuestran a través de su estudio con mujeres de diferentes países y continentes el impacto y el riesgo de COVID-19 para embarazadas y para sus recién nacidos. La infección por COVID-19 en el embarazo se asocia con aumentos significativos en la morbilidad y mortalidad materna grave y complicaciones neonatales. La incidencia de parto prematuro también se eleva al igual que el incremento del número de cesáreas y por tanto la morbimortalidad neonatal.3 Esta afirmación compromete a estar alertas para saber derivar precozmente a mujeres embarazadas infectadas y que posean patologías concomitantes, de acuerdo con el nivel de complejidad que cada institución posea.
En el este estudio se advierte la limitación del manejo de las embarazadas consideradas negativas, teniendo en cuenta que en el momento en que se realizó, los insumos para la realización de pruebas PCR eran escasos, por cuanto el chequeo permanente de la posible infección asintomática se ve obstaculizada. No se estudiaron entre las variables, el nivel socioeconómico de la población, la accesibilidad a la atención sanitaria en sus respectivas regiones ni el número de controles de embarazo.
Por otro lado, se desconocen las morbilidades que se encuentran silenciosas en muchos recién nacidos por prácticas no basadas en evidencia con consecuencias potencialmente relevantes y que quizás se expresen en discapacidades en la infancia y/o adolescencia.
También se desconoce el efecto de la depresión posparto en la mujer, consecuencias psicológicas del aislamiento, la crianza en soledad y la alteración de sus vínculos familiares y en comunidad. Estos conocimientos exceden a este estudio, y serán seguramente, razón de estudio en el futuro.
Uruguay tenía la tasa de mortalidad materna más baja de América Latina hasta 2019. Sin embargo, en el primer semestre de 2021 fallecieron 10 mujeres en período de gestación, por complicaciones derivadas del COVID-19. Hasta julio de 2021, la mortalidad materna durante el embarazo para toda la población del país fue tres veces mayor que la que se registró en el último período estudiado, del 2015 al 2019.4
La vigilancia de las muertes maternas es entendida como una responsabilidad tanto de los trabajadores de salud como de los funcionarios de gobierno que se desempeñan en una determinada zona.
Ha sido y es un desafío la mejora del funcionamiento de comités ya existentes de análisis de mortalidad materna, grupos interdisciplinarios que realizan revisión de las muertes asociadas a embarazos, con el objetivo de identificar factores de riesgo y establecer planes de acción.
No debe olvidarse que una muerte materna es un evento prevenible y trazador del funcionamiento de los servicios de salud y de la calidad de atención y, refleja el estado en que se encuentra.
Los centros de atención primaria fueron cerrados durante meses, lo que da la pauta de la falta de accesibilidad de la población a una atención eficiente en la primera etapa del embarazo. La enfermedad previa al embarazo es un factor determinante para la morbimortalidad de las embarazadas con COVID-19, y su detección en el primer nivel de atención es fundamental.
Por otro lado, el manejo de la información a las embarazadas y sus familias, en el periodo que se realizó el estudio era contradictoria. No se promovía a la consulta hospitalaria, por el temor al contagio. El control, cuando se realizaba, en algunos casos era incompleto y tardío.
A partir de mediados de 2020, se difundió la importancia del seguimiento para evitar las formas graves de COVID-19 en el embarazo, haciendo énfasis en la vacunación. El concepto que las personas que están embarazadas, o estuvieron embarazadas recientemente, tienen mayores probabilidades de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 en comparación con las personas que no están embarazadas, y que vacunarse contra el COVID-19 puede ayudar a protegerla de enfermarse gravemente, es actual.
Se recomienda vacunar contra el COVID-19 a las personas que están embarazadas, en periodo de lactancia, que están intentando quedar embarazadas ahora o que podrían quedar embarazadas en el futuro. Cada vez hay más evidencia disponible sobre la seguridad y efectividad de la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo. Estos datos sugieren que los beneficios de recibir la vacuna contra el COVID-19 superan a cualquier riesgo conocido o potencial de vacunarse durante el embarazo.
Por otro lado, la asociación de COVID-19 durante el embarazo, y parto prematuro, merece que las embarazadas conozcan los signos y síntomas del inicio de trabajo de parto, para que realicen la consulta precozmente.
Muchas sociedades científicas han trabajado durante la pandemia creando documentos para la mejora de las prácticas en embarazadas y recién nacidos, con múltiples versiones que se han ido modificando, y colaboraron en difundir cuidados de prevención y asistencia a mujeres embarazadas y neonatos con esta patología.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por las siglas en inglés) continúan trabajando para crear documentos con las mejores prácticas para la obtención y revisión de datos de muertes asociadas a embarazos en pacientes con antecedentes de infección por SARS-CoV-2.
Todavía estamos en pandemia. Nos encontramos frente a un gran desafío: educar a la población para disminuir el riesgo de contagio por COVID-19 con medidas simples y prácticas, en mujeres embarazadas y sus familias, promover la vacunación para prevenir y/o disminuir los efectos adversos de la infección y extremar los cuidados higiénicos mediante el uso de máscara facial, lavado de manos y distanciamiento social.
Es relevante concientizar acerca de la importancia del control obstétrico durante toda la gestación involucrando a la familia, con políticas de estado que apoyen la labor e incluyan el cuidado del personal sanitario.
Es imprescindible que las políticas sanitarias colaboren y avalen con gestión e inversión, las recomendaciones específicas basadas en la evidencia científica, con el objetivo de distribuir los recursos sanitarios con equidad y accesibilidad.
